Alberto Cañedo Carpintero, ex alcalde de la localidad cacereña de Carcaboso se encuentra ahora mismo condenado a 17 años de inhabilitación y más de 120.000 euros de sanción, entre multas, indemnizaciones y costas, por tres sentencias injustas provocadas por las malas artes políticas de la oposición socialista en el ayuntamiento de la localidad.

Entre los años 2005, en que Alberto Cañedo consiguió la alcaldía de la localidad, y 2014, en que se vio obligado a abandonarla por una sentencia injusta de inhabilitación, el hasta entonces alcalde sufrió una desmesurada persecución política y una situación de acoso permanente que motivó, tras más de 30 comparecencias en losjuzgados, que acabara con su carrera política, y prácticamente personal y familiar.

Ahora, a la espera también del recurso de una nueva sentencia, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad, por no abandonar su cargo cuando aún estaba pendiente de recurso, Alberto podría acabar en la cárcel por no poder hacerse cargo de la sanción impuesta y las costas judiciales.

Alberto Cañedo está condenado por dos delitos, uno de prevaricación administrativa continuada y otro de prevaricación urbanística. Ambos consecuencia de una trampa urdida por los dos hermanos que desde hace años lideran la oposición.

1. El anterior alcalde ya había sido condenado por un delito idéntico, también denunciado por los mismos que han motivado la sanción a Alberto, que no son otros que los hermanos Bueno en su posición como concejales de la oposición.
2. Desde que Alberto alcanza la alcaldía, a través de una moción de censura, la oposición se dedica a saturar el ayuntamiento a base de solicitudes de informes. Durante los primeros años llegan a contabilizarse hasta 700 solicitudes, más de 20 al mes. Para poner un ejemplo el ayuntamiento de Plasencia, con 40.000 habitantes más que Carcaboso, nunca supera los 5 escritos mensuales.
3. La ley dicta que esos escritos se deben responder en un plazo máximo de 5 días.
4. En el juicio tan sólo se puede demostrar que hay 3 escritos sin contestar a tiempo. Luego se demuestra que también estaban contestados.
5. La juez inhabilita a Alberto durante 9 años por no haber contestado a tiempo a todos los escritos. Aunque se demostrara que sí.
6. Los escritos se limitan a peticiones insistentes de papeles que han visto una y otra vez.
7. El ayuntamiento de Carcaboso dispone tan sólo de un alguacil y un secretario, con lo que no puede disponer de todo el tiempo del mundo para atender tantas peticiones.
8. La denuncia nunca fue a un contencioso administrativo, que se supone que es el juzgado que debe atenderlo, y fue rechazada en primera instancia, pero una apelación de los denunciantes hizo que el juzgado de lo penal lo admitiera, y luego sentenciara.
9. En resumen. Un alcalde, legítimamente elegido por sus vecinos, es apartado de su cargo por una denuncia que responde a una labor de acoso y saturación permanente de su trabajo con el único fin de evitar que pudiera responder y así apartarlo, como ya hicieron con el alcalde anterior.

Ahora lo intentan hacer también con la actual alcaldesa, Lorena Rodríguez.

Si la prevaricación administrativa suena mal entiendo que lo de prevaricación urbanística pueda sonar aún mucho peor, pero también tiene su explicación.

La propia sentencia explicada por la juez que le sanciona puntualiza que:

NO HA HABIDO ENRIQUECIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE ALBERTO CAÑEDO
NO HA OBTENIDO NINGÚN BENEFICIO PARTICULAR NI HA BENEFICIADO A NADIE CONCRETO QUE NO SEAN LOS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS
Entonces, os preguntaréis ¿por qué lo sancionan?

Pues, simple y llanamente por actuar de buena fe y querer beneficiar a unos vecinos y vecinas que iban a quedarse sin vivienda.

Os lo explicamos paso a paso:

1. Una promotora decide hacer unas viviendas en un solar de la localidad
   La promotora vende 6 viviendas de esa promoción y los compradores empiezan a pagar.
2. El solar era propiedad del padre de los hermanos Bueno, que es a quien por ley le corresponde urbanizar, y habia una sentencia anterior del juzgado que señalaba que ya estaba urbanizado.
3. La constructora entra en quiebra y no puede terminar la urbanización
   Los vecinos piden ayuda a Alberto para no perder el dinero que ya han invertido y quedarse sin viviendas
4. El constructor propone que se conceda la licencia de primera ocupación para que así los vecinos puedan escriturar sus viviendas, que ya estaban ocupando desde hace varios meses, y así cobrar la parte que le faltaba para poder terminar la obra.
5. Hay un informe del secretario municipal que dice que no recomienda la concesión de la licencia de primera ocupación, pero indica que este informe no es vinculante y que el alcalde tiene libertad para hacerlo.ç
6. Alberto se encuentra con una difícil decisión, si concede la licencia puede ser denunciado, pero si no la concede los vecinos pierden las viviendas, el dinero e ilusión invertidos y, para colmo, también puede ser denunciado porque había una sentencia que decía que el solar estaba urbanizado al 100%.
7. Ante la duda se impone un aval que, en caso de no finalizar la obra en un año se exigirá su ejecución para finalizarla con cargo a ese dinero.
8. El constructor no finaliza la obra en el plazo establecido
9. Cuando se va a ejecutar el aval se comprueba que, por un error administrativo, o por mala fe del constructor, el aval tenía el mismo plazo de caducidad que de cumplimiento, y no se puede ejecutar porque está caducado.
10. Los vecinos se quedan viviendo en unas viviendas prácticamente acabadas, a las que, repito, ya se habían ido a vivir hacía tiempo, con la urbanización sin finalizar y luz de obra porque Iberdrola se niega a instalar luz corriente si no se termina la urbanización.
11. Los propietarios de las viviendas denuncian a Alberto Cañedo particularmente en lugar de hacerlo al ayuntamiento que tiene una clausula de responsabilidad civil que podría correr con los gastos.
12. Entre los 6 denunciantes están los padres de los concejales de la oposición, una tía carnal y dos miembros de las listas del PSOE de Carcaboso.
13. La juez considera que el informe sí era vinculante, o al menos preceptivo y sanciona a Alberto con 8 años más de inhabilitación y a una responsabilidad civil de 37.000 euros.

Pero aún hay más. Hay una tercera sentencia que le condena de nuevo, esta vez por desobediencia a la autoridad, a una nueva multa.

Esta es por no haber dejado la alcaldía cuando se le sentenció con inhabilitación para cargo público en 2015.

Efectivamente la sentencia de inhabilitación era firme pero…

1. No se había solicitado la ejecución de sentencia.
2. Cuando se solicita no se notifica directamente.
3. Alberto tenía presentado un recurso al supremo, por lo que cabía la posibilidad de rectificación de la sentencia.
4. Si Alberto dejaba su cargo como alcalde y el supremo decidía admitir el recurso Alberto no podía recuperar el cargo, con lo que se generaba una indefensión.
5. Para que ese recurso no figurara en la denuncia los denunciantes, otra vez los hermanos Bueno, decidieron presentar la denuncia en un juzgado distinto al que le había condenado, para evitar que se cruzase con la tramitación del recurso.
6. De nuevo la juez no ve esa indefensión y decide sancionar a Alberto.